La ley de etiquetado de país de origen (COOL por sus siglas en inglés) a productos cárnicos entró en vigor en EU en el 2013, y desde entonces, las empresas cárnicas están obligadas a identificar el país en donde nacieron los animales, además de su lugar de crianza y sacrificio. 

La controversia a esta medida se inicia en 2009, en donde México y Canadá exigen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el derecho a ejercer represalias comerciales por un valor cercano a los 3 mil millones de dólares, con el argumento de que esta ley es la causante de una disminución significativa de sus exportaciones de carne a EU. Firmas importantes como Tyson se unieron a esta petición argumentado que esta ley incrementa sus costos para el proceso de producción. 

En mayo de 2015, la OMC determinó que esta ley de etiquetado discriminaba injustamente las importaciones de carne, privilegiando el consumo de carne estadounidense, considerando el etiquetado como una segregación para la carne y el ganado. 

Como resultado de esta controversia, el pasado 7 de diciembre la OMC estableció que las afectaciones al sector ganadero de México ascienderon a los 227.7 millones de dólares, otorgando el derecho a suspender los beneficios de las importaciones estadounidenses por un valor equivalente. Aunque esta determinación da argumentos a México, el monto determinado por la OMC representa menos del 40% del valor solicitado en la demanda original ante este organismo, lo cual deja claro que la solución de fondo es que Estados Unidos derogue su ley COOL. 

El sector privado afectado se ha manifestado públicamente ante el temor a las represalias de México y Canadá, actuando a través de sus Asociaciones para iniciar el cabildeo con el gobierno estadounidense. Empresas como Campbell Soup Company, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Herbalife, Hershey, Kraft Foods Group y Unilever han creado un importante grupo de presión para tratar de aminorar el impacto en sus economías y que se derogue la ley cool. 

El gobierno de México a través de su Ministerio de Economía está elaborando una lista de productos, tanto del sector agropecuario como manufacturas, a las que se les incrementará el arancel como parte de la medida autorizada por la OMC. Se tiene contemplado que las afectaciones inmediatas se verán en los productos agrícolas e industriales, entre los que se consideran los lácteos, manzanas, bebidas alcohólicas y productos de higiene personal. El ministro de Economía mexicano ha informado que los aranceles se mantendrán de manera indefinida, hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos internacionales ante la OMC y elimine la medida de etiquetado COOL en su totalidad.             

Desde tiempos ancestrales, el maíz ha sido uno de los pilares en la alimentación mexicana y está presente en más de 600 recetas gastronómicas tradicionales. Las variedades nativas son resultado de miles de años de selección por las culturas oriundas y son consideradas de una gran riqueza genética. Actualmente, México produce 59 tipos de maíz, por lo que es de gran relevancia la polémica por la incursión de semillas transgénicas o modificadas en la dieta nacional.

El inicio de este cambio de ruta se lee entre líneas en la Reforma para la Transformación del Campo (anunciada en marzo por el presidente Enrique Peña), en donde el objetivo es hacer del campo mexicano un espacio sustentable y productivo utilizando soluciones biotecnológicas. Los argumentos principales de esta iniciativa tienen su origen en lograr una disminución en la dependencia de las importaciones y el incremento de la productividad del campo mexicano. Esta lectura da un valor agregado al cultivo de transgénicos como alternativa para impulsar el uso de semillas genéticamente modificadas de maíz. 

Con esta determinación, los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente retomarán el poder de decisión para otorgar permisos y continuar con la siembra experimental, que de acuerdo con los precursores de la iniciativa, permitirá a los productores enfrentar los problemas de plagas de insectos y malezas que afectan la productividad. Las solicitudes de evaluación de un producto transgénico pasan por tres etapas para recibir un permiso: siembra experimental, programa piloto y comercialización, cuando se otorga el permiso. 

Los grandes beneficiarios de esta medida son empresas como Monsanto, Dow Agrosciences y DuPont Pioneer, mismas que han manifestando su interés al gobierno de México para la siembra comercial de maíz transgénico, destacando que se fomentaría la investigación en biotecnología agrícola.  Por otra parte, organizaciones no gubernamentales y parte de la comunidad académica-científica se han unido para manifestar su oposición a los transgénicos por temor a afectar a más de 1000 variedades de maíz nativo, considerando también los graves daños a la biodiversidad y a la salud. 

Un tercer participante en esta discusión es la organización AgroBio México (que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola), misma que califica como un gran avance que se levantara la ley que impedía la investigación y siembra de maíz transgénico en México.

En la actualidad, Brasil siembra 44 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados, de los cuales 12 millones son de maíz; Argentina 24 millones de hectáreas de transgénicos, en los que el cultivo rebasa los 3 millones. También se destacan Colombia, Honduras, España, Filipinas y Sudáfrica, que registran tendencias favorables en la siembra de maíz genéticamente modificado, los cuales van entre el 10 y hasta el 25% de su producción.                           

La entrega de estas cabezas de ganado es una de las acciones que forman parte del Programa de Estímulos para la Actividad Ganadera de la SAGARPA, en donde se destinan alrededor de mil 300 millones de pesos para repoblar el hato ganadero de México. Para SAGARPA, el beneficio de la entrega de estas 35 mil ovejas significa un incremento al ingreso de los ganaderos, ya que la mejora genética también implica la producción de leche, carne y lana de mayor calidad.

Cada productor es beneficiado con paquetes de 10 hasta 200 vientres gestantes que tienen un valor etiquetado de mil 500 pesos cada una. Si consideramos que el precio de mercado de cada ejemplar es de 5 mil pesos, esto representa para el beneficiado un ahorro del 70%. También es importante resaltar que el monto de venta de cada hembra gestante en este programa incluye un seguro de vida, en donde en caso de fallecimiento, la oveja será repuesta por las autoridades estatales. 

En específico, estas ovejas provenientes de Nueva Zelanda representan una inversión de 177.8 millones de pesos mexicanos, mismos que fueron aportados por SAGARPA, el gobierno del Estado y los productores. Se espera que el tiempo de reproducción sea de 3 años. 

Durante el proceso de importación, el SENASICA y la Coordinación General de Ganadería tuvieron un papel fundamental para constatar la condición  sanitaria del ganado. Aunque Nueva Zelanda es una potencia productora de carne, leche y lana de calidad, este es un hito para esa nación considerando las dimensiones perticulares de esta exportación. Para esto participaron en la verificación sanitaria de los animales 22 oficiales del SENASICA, de los cuales 12 fueron comisionados para viajar al país de origen a fin de realizar la verificación in situ.                                

Aunque el Ministerio de Agricultura de México ha manifestado poco interés en tomar represalias por las afectaciones provocadas por el Sistema de Etiquetado de País de Origen en Estados Unidos, se aseguró que especialistas de esta dependencia y del Ministerio de Economía mexicano trabajan en una estrategia para definir las sanciones que se aplicarían en caso de que el gobierno estadounidense no adopte el fallo de la OMC.

 

Para el Consejo Nacional Agropecuario de México, estas reglan provocan que los ganaderos dejen de percibir de 60 a 100 dólares por cabeza de ganado. Los expertos consideran que es la principal causa de las pérdidas millonarias sufridas en este sector, ya que las exportaciones anuales suman 1.2 millones de unidades.

Las reglas COOL (por sus siglas en inglés) exigen que el producto cárnico indique en su etiquetado si el ganado del cual proviene el producto es nacido en México, lo que implica separar al ganado mexicano del estadounidense a lo largo de la cadena de producción. Con la etiqueta, las empresas estadounidenses de transformación de carne de vacuno deben asmir costos extra para segregar los animales a lo largo del proceso de producción de carne y mantener registros que acrediten dicha segregación. Esta necesidad de separar a los animales ha dado pie a un descenso del precio del ganado vacuno de engorda que proviene de México, aunque el 85% del proceso de crianza, engorda y empaque se hace en los Estados Unidos.

La rama de producción de ganado vacuno mexicano de engorda destinado a la exportación adquirió tal importancia del 2003 al 2007 (los años previos a la aplicación del etiquetado) que México exportó más de 1.2 millones de cabezas al año en promedio.