En su momento, Semarnat determinó que las importaciones de glifosato estarían vetadas “hasta que existan los elementos e información científica contundente” que garantice un uso seguro, de acuerdo con un comunicado de dicha entidad. Eso no sucedió, poco tiempo después las importaciones se reanudaron.
Para el último día de 2020 se publicó un decreto presidencial que instruyó a distintas dependencias tomar acciones para “sustituir gradualmente” el glifosato usado en el país. Además, se fijó un periodo de transición para lograr la “sustitución total” del agroquímico el 31 de enero del 2024. En un nuevo decreto en 2023, esta fecha se pospuso al 31 de marzo de 2024 y se solicitó a las agencias del gobierno revocar autorizaciones y permisos para la “importación, producción y distribución y uso” del glifosato, así como a abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones y permisos.
Por otra parte, empresas, asociaciones agrícolas y miembros del gobierno afines a los sectores agrícola y agroquímico han defendido el uso del glifosato y han realizado acciones para frenar los intentos de regulación, argumentando que es necesario para mantener la producción agrícola y alimentar al país. La confrontación entre quienes defienden y oponen al glifosato ha escalado hasta causar una división dentro del gobierno federal, que López Obrador reconoció y describió como “una polémica buena”, que debido a “enfoques distintos” mantiene enfrentadas a la secretaría de Economía con las de Medio Ambiente, Salud y el Conahcyt.
Hasta ahora, el mayor avance que han tenido quienes están en contra del uso del herbicida, a partir de los decretos presidenciales, es que el gobierno mexicano ha reducido anualmente las cantidades permitidas para introducir glifosato a México desde 2021. Entre 15 y 17 empresas se reparten este cupo de importación, por tener autorización de las autoridades.
*Con información de diferentes medios.
