El Agroparque "Integradora Sukarne Lucero" se ubica en la comunidad de Lucero, municipio de Tlahualilo, Durango, en el norte de México y es el segundo Agroparque de la misma empresa que inaugura el presidente Enrique Peña Nieto en el último año. SuKarne es la empresa mexicana con mayor participación en el mercado de proteína animal, el tercer engordador de bovino del mundo y el quinto proveedor de carne de res en Norteamérica. 

De acuerdo a lo expuesto por el gobierno de Durango, se comprará a 40 mil productores, generará 12 mil 700 empleos directos e indirectos y derramará anualmente 15 mil millones de pesos, beneficiando a todos los integrantes de la cadena productiva, en especial a pobladores de los 15 municipios de Durango y Coahuila, aledaños al Agroparque. 

El Agroparque en cifras: 

• 10 mil millones de pesos de inversión.
• 474 hectáreas de superficie.
• 300 mil cabezas en engorda al año.
• 800 mil cabezas de ganado procesadas al año (produccón).
• 45,000 toneladas anuales de harina de carne y grasa producidas para elaborar croquetas para animales.
• 250,000 toneladas de fertilizantes orgánicos producidos.
• 65% de su producción será destinada a exportación, de ese porcentaje el 30% será para Estados Unidos y Canadá, 15% para Asia y 10% para Europa. 

En esta organización participan varios socios locales y regionales, como los de la industria de la leche, quienes participan con los becerros y las vacas. Todos los pequeños productores y ganaderos están integrados en un concepto donde pueden acceder a condiciones, precios e insumos, como lo hacen los grandes productores. 

Debido a que la industria alimentaria mexicana históricamente ha respondido a los problemas de la distribución desigual del ingreso y de un poder adquisitivo insuficiente de gran parte de la población, esta iniciativa se convierte en uno de los más importantes motores de la economía mexicana y del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la facilitación del consumo de alimentos para la población mexicana. 

Video publicado por Presidencia de México, clic aquí 

Video publicado por el Gobierno del Estado de Durango, clic aquí 

Imágenes del Agroparque:  img1     img2    img3 

* Videos e imágenes propiedad de Presidencia México, Gobierno de Durango, Sukarne.

El proyecto denominado SISI (Sistema Integral de Servicio de Inspección) se pone en operación durante seis meses, buscando una significativa disminución de los tiempos de espera y los costos asociados a estos. Este procedimiento se impementa siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Acuerdo de Facilitación de Comercio, pretendiendo adoptar este nuevo proceso de vigilancia para reforzar el nivel de protección sanitaria y minimizar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades exóticas a México. 

Siguiendo una premisa de utilizar productos de bajo riesgo, se determinó que el peat moss, la harina de soya, el alimento extruido para mascota y el sustituto de crema eran ideales para realizar esta primera prueba, ya que éstos no representan un riesgo. Al descongestionar el flujo de trámites en los puntos de ingreso, la inspección se centraría en las mercancías que sí representan un alto riesgo sanitario. 

La inspección en los puertos interiores mexicanos implica grandes ventajas en términos de costos: se reducen casi un 30% comparado con las revisiones en frontera. En específico, se disminuye el tiempo de tránsito y se evita la saturación en los lugares donde se revisan cerca 8 mil contenedores a diario. Este programa piloto se puso en marcha utilizando el transporte intermodal, mediante contenedores que pueden intercambiarse de modo de transporte, en este caso, entre el ferrocarril y el autotransporte. 

Por sus características, este tipo de supervisiones pueden implementarse en algunas terminales y ayudar a desahogar el trabajo en puntos de ingreso a México. Por ahora, se contempla utilizar las aduanas interiores en Ciudad de México, Toluca, Guanajuato e Hidalgo para este programa piloto, teniendo como gran meta los puntos ubicados en la frontera norte del país, considerando también que este programa podría extenderse a otros puertos como el de Manzanillo. 

*Con información de SAGARPA-SENASICA.

La ley de etiquetado de país de origen (COOL por sus siglas en inglés) a productos cárnicos entró en vigor en EU en el 2013, y desde entonces, las empresas cárnicas están obligadas a identificar el país en donde nacieron los animales, además de su lugar de crianza y sacrificio. 

La controversia a esta medida se inicia en 2009, en donde México y Canadá exigen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el derecho a ejercer represalias comerciales por un valor cercano a los 3 mil millones de dólares, con el argumento de que esta ley es la causante de una disminución significativa de sus exportaciones de carne a EU. Firmas importantes como Tyson se unieron a esta petición argumentado que esta ley incrementa sus costos para el proceso de producción. 

En mayo de 2015, la OMC determinó que esta ley de etiquetado discriminaba injustamente las importaciones de carne, privilegiando el consumo de carne estadounidense, considerando el etiquetado como una segregación para la carne y el ganado. 

Como resultado de esta controversia, el pasado 7 de diciembre la OMC estableció que las afectaciones al sector ganadero de México ascienderon a los 227.7 millones de dólares, otorgando el derecho a suspender los beneficios de las importaciones estadounidenses por un valor equivalente. Aunque esta determinación da argumentos a México, el monto determinado por la OMC representa menos del 40% del valor solicitado en la demanda original ante este organismo, lo cual deja claro que la solución de fondo es que Estados Unidos derogue su ley COOL. 

El sector privado afectado se ha manifestado públicamente ante el temor a las represalias de México y Canadá, actuando a través de sus Asociaciones para iniciar el cabildeo con el gobierno estadounidense. Empresas como Campbell Soup Company, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Herbalife, Hershey, Kraft Foods Group y Unilever han creado un importante grupo de presión para tratar de aminorar el impacto en sus economías y que se derogue la ley cool. 

El gobierno de México a través de su Ministerio de Economía está elaborando una lista de productos, tanto del sector agropecuario como manufacturas, a las que se les incrementará el arancel como parte de la medida autorizada por la OMC. Se tiene contemplado que las afectaciones inmediatas se verán en los productos agrícolas e industriales, entre los que se consideran los lácteos, manzanas, bebidas alcohólicas y productos de higiene personal. El ministro de Economía mexicano ha informado que los aranceles se mantendrán de manera indefinida, hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos internacionales ante la OMC y elimine la medida de etiquetado COOL en su totalidad.             

Desde tiempos ancestrales, el maíz ha sido uno de los pilares en la alimentación mexicana y está presente en más de 600 recetas gastronómicas tradicionales. Las variedades nativas son resultado de miles de años de selección por las culturas oriundas y son consideradas de una gran riqueza genética. Actualmente, México produce 59 tipos de maíz, por lo que es de gran relevancia la polémica por la incursión de semillas transgénicas o modificadas en la dieta nacional.

El inicio de este cambio de ruta se lee entre líneas en la Reforma para la Transformación del Campo (anunciada en marzo por el presidente Enrique Peña), en donde el objetivo es hacer del campo mexicano un espacio sustentable y productivo utilizando soluciones biotecnológicas. Los argumentos principales de esta iniciativa tienen su origen en lograr una disminución en la dependencia de las importaciones y el incremento de la productividad del campo mexicano. Esta lectura da un valor agregado al cultivo de transgénicos como alternativa para impulsar el uso de semillas genéticamente modificadas de maíz. 

Con esta determinación, los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente retomarán el poder de decisión para otorgar permisos y continuar con la siembra experimental, que de acuerdo con los precursores de la iniciativa, permitirá a los productores enfrentar los problemas de plagas de insectos y malezas que afectan la productividad. Las solicitudes de evaluación de un producto transgénico pasan por tres etapas para recibir un permiso: siembra experimental, programa piloto y comercialización, cuando se otorga el permiso. 

Los grandes beneficiarios de esta medida son empresas como Monsanto, Dow Agrosciences y DuPont Pioneer, mismas que han manifestando su interés al gobierno de México para la siembra comercial de maíz transgénico, destacando que se fomentaría la investigación en biotecnología agrícola.  Por otra parte, organizaciones no gubernamentales y parte de la comunidad académica-científica se han unido para manifestar su oposición a los transgénicos por temor a afectar a más de 1000 variedades de maíz nativo, considerando también los graves daños a la biodiversidad y a la salud. 

En la actualidad, Brasil siembra 44 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados, de los cuales 12 millones son de maíz; Argentina 24 millones de hectáreas de transgénicos, en los que el cultivo rebasa los 3 millones. También se destacan Colombia, Honduras, España, Filipinas y Sudáfrica, que registran tendencias favorables en la siembra de maíz genéticamente modificado, los cuales van entre el 10 y hasta el 25% de su producción.